Durante la ausencia y cautividad de Fernando VII, las Cortes Generales reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812 –día de San José, de ahí el sobrenombre de La Pepa– decretaron la Constitución Política de la Monarquía Española para el buen gobierno y recta administración del Estado. Por avatares de la historia, esta Carta Magna estuvo vigente durante tres épocas distintas: entre 1812 y 1814, cuando Fernando VII retomó el absolutismo; de 1820 a 1823, en el Trienio Liberal; y de 1836 a 1837, mientras se redactaba un nuevo texto constitucional.
Entre los dos primeros periodos de vigencia, se produjo una curiosa anécdota con los defensores de la monarquía absoluta. Cuando el rey regresó a España de su exilio en Valençay (Francia) para recuperar el trono, algunos diputados a las Cortes ordinarias –encabezados por Bernardo Mozo de Rosales– firmaron un manifiesto, el 12 de abril de 1814, en el que pedían a Fernando VII que aboliera esa Constitución de Cádiz a la que estimaban sin valor por no estar aprobada por el Rey.
Como el documento comenzaba refiriéndose a la costumbre de los antiguos persas de pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su Rey a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor (anarquía que identificaban con el liberalismo que imperaba en aquel momento), el texto entró a formar parte de nuestra Historia con el curioso sobrenombre de El Manifiesto de los Persas.
Pocos días más tarde, el 4 de mayo, el monarca declaró nulos y sin ningún valor ni efecto tanto la Constitución de 1812 como toda la legislación que se había aprobado en Cádiz, restableciendo el régimen absolutista. Mozo de Rosales logró el favor real, se convirtió en Marqués de Mataflorida y fue nombrado ministro de Gracia y Justicia; pero ocho años más tarde, cambiaron las tornas y, tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), el 10 de marzo de 1820 Fernando VII juró aquella Constitución que entre el estruendo de armas hostiles fue promulgada en Cádiz declarando ser siempre su más firme apoyo. Finalmente, su apoyo duró tan sólo tres años –durante el Trienio Liberal (1820-1823)– pero, en ese breve periodo de tiempo, las Cortes se plantearon cómo castigar a los firmantes de aquel Manifiesto de los Persas –muchos de los cuales ya habían huido a Francia– por considerarlos traidores. Se dice que entonces, un diputado propuso enviarlos a casa y que, ante la protesta del resto de la Cámara, que consideraba muy leve aquella pena, el parlamentario insistió en que se les enviara a casa, para siempre, con el siguiente razonamiento: ¿No son persas? ¡Pues, a Persia con ellos! ¡Y que nunca vuelvan a España!
Entre los dos primeros periodos de vigencia, se produjo una curiosa anécdota con los defensores de la monarquía absoluta. Cuando el rey regresó a España de su exilio en Valençay (Francia) para recuperar el trono, algunos diputados a las Cortes ordinarias –encabezados por Bernardo Mozo de Rosales– firmaron un manifiesto, el 12 de abril de 1814, en el que pedían a Fernando VII que aboliera esa Constitución de Cádiz a la que estimaban sin valor por no estar aprobada por el Rey.
Como el documento comenzaba refiriéndose a la costumbre de los antiguos persas de pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su Rey a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor (anarquía que identificaban con el liberalismo que imperaba en aquel momento), el texto entró a formar parte de nuestra Historia con el curioso sobrenombre de El Manifiesto de los Persas.
Pocos días más tarde, el 4 de mayo, el monarca declaró nulos y sin ningún valor ni efecto tanto la Constitución de 1812 como toda la legislación que se había aprobado en Cádiz, restableciendo el régimen absolutista. Mozo de Rosales logró el favor real, se convirtió en Marqués de Mataflorida y fue nombrado ministro de Gracia y Justicia; pero ocho años más tarde, cambiaron las tornas y, tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), el 10 de marzo de 1820 Fernando VII juró aquella Constitución que entre el estruendo de armas hostiles fue promulgada en Cádiz declarando ser siempre su más firme apoyo. Finalmente, su apoyo duró tan sólo tres años –durante el Trienio Liberal (1820-1823)– pero, en ese breve periodo de tiempo, las Cortes se plantearon cómo castigar a los firmantes de aquel Manifiesto de los Persas –muchos de los cuales ya habían huido a Francia– por considerarlos traidores. Se dice que entonces, un diputado propuso enviarlos a casa y que, ante la protesta del resto de la Cámara, que consideraba muy leve aquella pena, el parlamentario insistió en que se les enviara a casa, para siempre, con el siguiente razonamiento: ¿No son persas? ¡Pues, a Persia con ellos! ¡Y que nunca vuelvan a España!
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